El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo

El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo

Gilberto Ríos
Radio ELM


Introducción

Lo que en adelante presenta no tiene propósitos académicos. Este pequeño y apurado esfuerzo tiene el interés de aclarar la confusión que los medios han creado alrededor del actual conflicto en el Bajo Aguán y analizar la propuesta de los terratenientes a los campesinos agremiados en MUCA.

Antecedentes [1]

Las tomas de tierra de MUCA en el Bajo Aguán, Colón [2], han orquestado a los más grandes medios de comunicación del país contra ese movimiento y reinventado la historia productiva del valle a favor de los terratenientes. Se empeñan por lograr una opinión pública agresiva contra los campesinos y con ese propósito repiten hasta el cansancio que ahí se gesta un movimiento guerrillero apoyado por venezolanos, cubanos y guerrilleros de las FARC.

Adulteran los hechos históricos cuando aseguran que las inversiones de los terratenientes son las que convirtieron el Bajo Aguán en un lugar productivo y que los campesinos no tienen otra opción que agradecer las oportunidades de empleo que aquéllos ofrecen.

La historia del Bajo Aguán es muy distinta. Fueron los conductores del Estado hondureño, incapaces de afectar tierras dentro de la frontera agrícola [3] durante la implementación de la reforma agraria de 1962, quienes en cambio decidieron colonizar [4] ese valle, aún con la certeza que tal iniciativa tendría un costo muy alto, que cargaría fuertemente la deuda externa del país.

En 1970 el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó las primeras actividades para el cultivo de palma africana y cítricos. En 1971 apoyó la siembra de estos cultivos permanentes en tierras de cooperativas del sector reformado [5], muy pequeño para ese tiempo.

Con el gobierno reformista surgido en 1972 se intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo [6] y recursos propios como contraparte, con los que el Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales.

El INA creó un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país al despoblado Bajo Aguán. Otros departamentos del país con altos índices de pobreza aportaron importante cuota en ese proceso de poblamiento. Tan inhóspita era la región en esa época que en los primeros años muchos de los asentados emigraban a otros lugares del país obligando al Estado a mantener el programa de migración inducida por más tiempo que el preestablecido hasta que logró el arraigo de una importante población que se dedicara al trabajo productivo en un proyecto de tan grandes dimensiones. Al Estado se debe, entonces, la colocación de todos los factores productivos en ese lugar: tierra, capital y fuerza de trabajo.

Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos convertidos en empresarios lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales como resultado de la circulación mercantil, tal como había sucedido con las asignaciones unifamiliares de tierras que integraron las desaparecidas “colonias agrícolas” [7] y las pocas realizadas bajo la ley de reforma agraria de 1962.

En esos tiempos a nadie se le ocurría que se pudieran vender las tierras del sector reformado porque la ley de reforma agraria lo prohibía. En el caso de esa eventualidad el interesado debía venderla al INA y esta institución la reasignaría a otros campesinos sin tierra siempre que cumplieran con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria.

El plan nacional de reforma agraria (1974-1978) era coherente en todas sus medidas con la idea de lograr cierto grado de equidad en el acceso a tierra cultivable. A partir del diagnóstico preliminar -en que se basó el PNRA- de las formas de producción y propiedad de la tierra se dividió la zona rural en tres compartimientos: el tradicional, expresado en el binomio latifundio-minifundio; el moderno, por la empresa privada agropecuaria; y, el contemporáneo, por las empresas campesinas societarias del sector reformado.

Había que eliminar, entonces, el compartimiento tradicional con la finalidad última de fortalecer el compartimiento contemporáneo. El compartimiento moderno se desenvolvería por si solo habida cuenta que el modelo de desarrollo capitalista le ofrecía todas las posibilidades para que se fortaleciera.

La imposición del modelo neoliberal realizada por el gobierno de Callejas (1990-1994) rompió la lógica de esta estrategia con la concentración de la propiedad y la riqueza producida. La ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) promulgada en 1992, elaborada por un consultor [8] de la USAID y el Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (CONPPA) [9], junto a otras medidas del “ajuste estructural de la economía”, cumplieron con esa intención.

El espíritu de la LMDSA no daba lugar a confusión. Había que concentrar la propiedad de la tierra [10] y en la misma lógica disminuyó la categoría de minifundio [11] considerada en menos 5 hectáreas en la LRA en menos de 1 hectárea [12] en la LMDSA.

Los medios de comunicación hicieron lo propio como instrumento de los terratenientes, industriales, importadores y exportadores relacionados con el sector agropecuario. La campaña mediática tuvo el interés de hacer creer a la población hondureña que los campesinos no tenían la capacidad para manejar empresas por lo que había que promover la coinversión con capitalistas experimentados y que el INA debía ocuparse de apoyar en la formación de los campesinos del sector reformado con el programa de “reconversión empresarial” que no iba más allá de ser una expresión demagógica de los neoliberales.

Aún cuando los servicios ofrecidos por el estado para la producción y el fortalecimiento del recurso humano no cubrían la demanda y tampoco con la calidad requerida por los asentamientos campesinos, el sector reformado se mantuvo íntegro hasta la promulgación de la Ley de Modernización y de Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

Se reconoce que había dificultades en el sector reformado propias de las empresas agrícolas que al final se expresaron en endeudamiento; sin embargo, similares deficiencias padecían grandes y pequeñas empresas del sector no reformado, por lo que los subsidios estatales favorecieron a uno y otro sector. Y, si se hace un recuento de las condonaciones de deuda, probablemente se concluirá en que fueron los terratenientes y grandes empresarios rurales quienes más se beneficiaron con ellas.

Durante más de veinte años (1970- primeros años de la década del 90) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas del sector reformado. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país y Tocoa se distinguió como la ciudad que más crecía en Honduras.

El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector reformado y la pequeña y hasta mediana producción al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales.

Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La LMDSA eliminó casi todas las causales de afectación de tierras, con excepción de la ociosidad y los sobretechos [13]; causales casi imposible de aplicar por lo engorroso de los trámites que los legisladores impusieron intencionalmente.

La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado, junto a la eliminación de aranceles a la importación de productos -muchos subsidiados en sus países de origen- igualmente afectarían a los asentamientos del sector reformado y a la pequeña y mediana producción del sector no reformado.

Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de coinversión, completaban las condiciones propicias para la venta de tierras. Y si faltaban recursos financieros ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras.

Como es fácil concluir, la modificación de los compartimientos agrarios no se concretó como estaba previsto. Gracias a las medidas gubernamentales señaladas y el apoyo financiero de bancos internacionales al modelo concentrador de la propiedad terminaron favoreciendo al compartimiento moderno (empresa privada agropecuaria) [14] por lo que no es de extrañar que los que disponían de mejores posibilidades para acceder a recursos financieros han terminado como los propietarios de las mejores tierras del país.

La promoción de ese modelo concentrador de la propiedad era justificado por los neoliberales como la condición sine qua non para alcanzar grandes y positivos resultados para el desarrollo del país: la actividad agropecuaria ahora en manos de “genuinos empresarios” elevaría los niveles de productividad y crecimiento de la producción a tal grado que la población pobre se beneficiaría sustancialmente por el efecto “rebalse” [15].

Situación actual

Como era previsible para cualquier iniciado en el tema agrario tales pronósticos no se cumplieron. Años después Honduras presenta un terrible cuadro de pobreza. El informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada [16] de la Pobreza Rural es particularmente dramático.

En él se señala que “en promedio, la población rural hondureña vive con menos de 20 Lempiras por persona al día ó sea 584 Lempiras al mes y que menos del 30% vive en hogares con ingresos per cápita superiores a este valor. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 10 Lempiras diarios y cerca del 25% con ingresos per cápita inferiores a 5 Lempiras diarios [17].”

La desigualdad es extrema: “el ingreso medio del 20% más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20% más pobre [18]”.

“Utilizando como línea de pobreza el costo de la canasta básica en el área rural, se obtiene que 2.8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75% de la población rural y más del 70% de los pobres de todo el país [19].”

Bajo tales condiciones materiales de vida no sorprende que los campesinos hondureños con un largo historial de lucha, ahora que retoman conciencia de la necesidad ineludible de transformar la estructura agraria como única vía para lograr un futuro mejor, hayan reiniciado las tomas de tierras en el Bajo Aguán; y que no extrañe que al tratarse de una situación generalizada tales acciones se reproduzcan en distintos lugares del territorio nacional si el estado hondureño no aplique Las políticas apropiadas para resolver tal problemática e impulsen el desarrollo rural.

En un comunicado reciente de la Plataforma de Derechos Humanos se dice que “la situación de violencia generada en el Aguán es producto de un problema estructural no resuelto en Honduras y una expresión de la necesidad de profundos cambios que requiere el país para que las mayorías gocen efectiva y plenamente de sus derechos humanos.

Con el golpe de estado político-empresarial-militar ejecutado el pasado 28 de junio de 2009… se incrementaron las muertes, las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones en contra de unas 3 mil 500 familias campesinas que reclaman tierra para vivir con dignidad (en el Bajo Aguán)”.

En los últimos meses se ha intensificado la represión por diferentes medios: vuelos rasantes de helicópteros y aviones, comandos armados cruzando amenazadoramente poblados indefensos, captura, tortura y cuatro asesinatos de campesinos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Y también el inevitable enfrentamiento ha producido la muerte de guardias de seguridad de los terratenientes, de acuerdo a reportes de la policía que se ha parcializado con los terratenientes.

La visita de miembros de la Plataforma de DDHH [20] a 5 asentamientos campesinos durante el 20, 21 y 22 de marzo reciente corroboró que ahí no se encuentran guerrilleros ni extranjeros como asegura la prensa hondureña ligada a los intereses de los terratenientes, pero sí comprobó que los campesinos y campesinas de todas las edades, especialmente niños y niñas, viven en un estado de precariedad e insalubridad que exige la atención de organismos nacionales e internacionales para que acudan en su apoyo.

La propuesta del régimen actual al MUCA [21]

La propuesta del régimen encabezado por Porfirio Lobo señala que los 28 grupos campesinos agrupados en el MUCA tienen derecho a acceder a la tierra para obtener ingresos y alimentos para ellos y sus familias; también el logro de la convivencia entre éstos y los grandes empresarios afincados en el valle.

La adjudicación de tierras

El régimen de Porfirio Lobo Sosa propone a los campesinos en nombre de los terratenientes la adjudicación de 6,000 hectáreas. Se entregarían dos hectáreas por familia; una cultivada de palma africana y otra inculta con el compromiso que los campesinos deberán cultivarla con palma africana. Pero el ultimátum del régimen pesa como espada de Damocles sobre los campesinos de MUCA. Si estos no aceptan esta propuesta, que es a todas luces injusta, habría que volver al acta de compromiso que MUCA había celebrado con Manuel Zelaya, sin eliminar totalmente la posibilidad de desalojarlos por la fuerza con la policía y el ejército.

En el documento firmado durante el gobierno constitucional de Zelaya Rosales, en el mes de junio de 2009 las partes acordaron que se investigaría para conocer si los terratenientes tenían posesión legal de las tierras que anteriormente formaron parte del sector reformado. En el caso de que se constatará que no había ilegalidad en la compra venta, faltaría que el INA procediera a remedirlas para constatar si en efecto usufructúan la cantidad de tierras que constan en los títulos de propiedad.

MUCA considera que la oferta está muy por debajo de las demandas de los campesinos cuando piden 5 hectáreas por familia tal como los señala la Ley de Reforma Agraria o Decreto 170 (30 de diciembre de 1974) y, además, se quejan de que tal propuesta los ata en beneficio de los dos principales empresarios del Bajo Aguán, no solo cuando deja a criterio de estos empresarios la selección de tierras que deben ser vendidas, sino que además obliga a los campesinos a vender el producto de sus cultivos a las grandes empresas de Miguel Facussé y René Morales a través de contratos de “coinversión”.

Los convenios de coinversión

Las modalidades transaccionales que propone el régimen recuerdan el modelo de “coinversión” establecido en la LMDSA debido al cual los asentamientos campesinos del sector reformado se subordinaron al socio capitalista quien por su capacidad de maniobra en las negociaciones con su contraparte terminó siendo el verdadero conductor y beneficiario de la empresa originalmente campesina y, cuando quiso, terminó comprándola.

Para que no quede duda sobre la dependencia que generará, el mismo convenio de “coinversión” establecerá, según la propuesta, “un compromiso de los agroindustriales para abastecer a los campesinos con insumos a los mismos precios que se obtienen de los proveedores y a brindar asistencia técnica que les permita obtener mejores producciones y por ende mejores ingresos”.

En 1954, en Higuerito, Yoro, la United Fruit Company inauguró una experiencia similar con la creación de los “bananeros independientes” de banano con los cuales estableció convenios de coinversión que años después incluyó a productores de banano del sector reformado. Standard Fruit Co. y Fyffes reprodujeron el modelo que resultó satisfactorio a sus propósitos: a mediados de la década del 90 el 60% de banano exportado por las transnacionales bananeras era producido por cooperativas, empresas asociativas y bananeros independientes.

Con este modelo de “coinversión” la transnacional se liberó de los riesgos propios de la producción: conflictos laborales, daños por inundaciones, plagas y enfermedades de ese cultivo; así como de las obligaciones contractuales de ofrecer asistencia médica y educación a los trabajadores.

Igual que lo que propone la comisión de Lobo Sosa, los convenios de “coinversión” de las transnacionales establecían compromisos” de las empresas transnacionales como asistencia técnica, aprovisionamiento de insumos para la producción, fumigación aérea y también castigos y “regalías”, todo para darle el cabal sentido a las relaciones de dependencia.

Los convenios de las bananeras establecieron plazos de 8, 10, 12 años… que impidieron que los productores bananeros del sector reformado pudieran acceder al “mercado justo [22]” cuando tuvieron la oportunidad de beneficiarse con él. Seguramente los convenios que pudieran firmarse con estos empresarios de la palma africana y MUCA no obviarán la imposición de largos plazos.

Es conocido públicamente que el señor Facussé ha sido el gran prestidigitador en las negociaciones con el estado a costa del cual acumuló la mejor parte de su capital y, actualmente, la persona con mayor poder político en el país. Con estos antecedentes no cabe duda alguna sobre quién ganará con estas negociaciones.

Sin pudor alguno la propuesta anota que “además comprometerá a los campesinos a vender la producción a los procesadores, quienes después de deducir los costos de los insumos y las cuotas del financiamiento dado por el Gobierno para la adquisición de tierras, deberán pagar a los campesinos la diferencia por el producto, tomando como referencia el precio del mercado internacional…”. Con lo que no deja espacio a la imaginación; todo es claro, el mango y el sartén quedan en manos de los señores Facussé y Morales.

Especifica que “la fruta cosechada de las plantaciones ya en producción, será entregada a la Planta Procesadora de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán S.A. de C.V. (propiedad de Miguel Facussé); la fruta cosechada de las nuevas plantaciones será entregada a la Planta Procesadora de la Empresa Agropalma S.A. de C.V. (propiedad de René Morales). Cada grupo campesino deberá firmar contrato de “coinversión” con cada empresa agroindustrial, según sea el caso, donde se definirán puntualmente los compromisos que asuma cada parte, incorporando un seguro agrícola que proteja a los campesinos (as)”.

Esta propuesta resulta de las negociaciones entre los dos más grandes terratenientes del valle para la repartición de la fuente de materia prima que procesarán y posteriormente comercializarán con enormes ventajas. Tales pretensiones las asegurarán con contratos bilaterales con cada empresa campesina productora (y podría llegarse que las negociaciones se hagan individualmente con campesinos), dejando por fuera al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) que hoy por hoy es la organización de lucha reivindicativa que ha llevado el tema a un nivel de discusión que muy pocos esperaban, con un gran sacrificio que se expresa en persecución, atemorizamiento, heridos y muertos. Si a esto se suma que las asignaciones de lotes de tierra serán aislados uno de otro se consumará la estrategia del divide y vencerás.

Si no hubiéramos vivido experiencias similares en nuestra historia agraria podríamos caer en la ilusión de que los empresarios están preocupados porque los campesinos salgan beneficiados del convenio de “coinversión”, en especial cuando se refiere al seguro agrícola.

Lo que está detrás de todo el planteamiento es la preocupación de los grandes empresarios por asegurarse el fruto de la palma africana; de contar con eficientes proveedores de materias primas. Recordemos Isletas (Atlántida), campos bananeros que la transnacional bananera Standard Fruit Co. no rehabilitó luego que fueron destruidos por el huracán fifí en 1974 y que obreros agrícolas con muy poco apoyo del estado pusieron nuevamente a producir con tal calidad que en muchas oportunidades superó lo logrado por las plantaciones manejadas directamente por la transnacional.

La Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI) [23] se convirtió en una de las más grandes de América Latina dedicada a la producción agrícola con más de mil trescientos asociados pero no pudo resistir las agresiones de sus adversarios y sucumbió para dejar tierras, cultivos y demás instalaciones productivas en manos nuevamente de la transnacional.

La Standard Fruit Co. mantuvo relaciones comerciales cordiales con la EACI hasta que ésta decidió modificar su estructura productiva en el interés de lograr mayor independencia y capacidad de negociación con su contraparte. Cuando la EACI inició la diversificación productiva con el cultivo de maíz, arroz y crianza de cerdos fue asaltada el 12 de febrero de 1977 con apoyo del ejército, y sus dirigentes históricos [24] purgaron dos años de prisión por delitos no cometidos.

Los empresarios dedicados al procesamiento del fruto de la palma africana y su comercialización, tal como la Standard Fruit Company, no están interesados en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores directos que con su fuerza de trabajo hacen producir los suelos del Bajo Aguán. A los Facussé, Morales y Canales no les interesa el mejoramiento de ingresos ni la soberanía alimentaria; al contrario, la posibilidad de que los campesinos se dediquen a producir para lograr estos propósitos es una amenaza a la dependencia y consecuentemente a sus propósitos de lucro.

La propuesta dice que el Estado comprará tierras para los campesinos luego de una “evaluación agronómica de las tierras (en producción e incultas)… para establecer un justiprecio”. Asimismo se compromete a “proporcionar los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los grupos campesinos asumirán la deuda que deberá ser pagada al gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo), para el establecimiento de las nuevas plantaciones se creará un fondo (fideicomiso) para el financiamiento a los campesinos, en este proceso participarán Agropalma S.A. de C.V. y el Gobierno de la República”.

Veamos lo del justiprecio. La primera propuesta que presentó la comisión especial de Porfirio Lobo a MUCA ya hacía estimaciones sobre los precios a pagar por las tierras en manos de los terratenientes, por cierto bastante altos, que la misma propuesta justifica diciendo que las tierras a comprar disponen de una infraestructura costosa, lo que recuerda los juegos burdos de compra/venta repetidos de Facussé con la CONADI [25] que terminaron por quebrarla. Ahora exigen que los campesinos de MUCA les paguen la infraestructura que los terratenientes no construyeron.

Esa infraestructura construida por el Estado para favorecer a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria ha pasado a formar parte de los activos de los terratenientes. De tal manera que de cumplirse los deseos de los empresarios el Estado estaría prestando dinero a los campesinos para que paguen una infraestructura que el mismo Estado costeó con propósitos de desarrollo social y económico para los menos favorecidos del sector rural.

En los siguientes numerales señala que “Además de la asistencia técnica brindada por parte de los agroindustriales y establecida en el convenio de coinversión, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) se comprometen a apoyar dicho proceso a través de programas y proyectos y su personal técnico de la zona. Además, la SAG se compromete a incorporar a las Empresas Campesinas como beneficiarios directos del Bono de Solidaridad Productiva [26], que les permita producir maíz y frijoles durante los primeros tres años, en el caso de las tierras donde se restablecerán las nuevas plantaciones”.

El gobierno se compromete a apoyar a “los grupos campesinos con proyectos sociales de salud y educación”. Y para finalizar señala que “una vez firmado el acuerdo se definirán con prontitud las áreas de las plantaciones ya establecidas y en producción, así como las áreas para las nuevas plantaciones y reubicar a los 28 grupos campesinos…”

De nuevo el estado hondureño es el que financia y carga con los costos de un proyecto que tendrá como beneficiario final a los grandes empresarios. De aceptarse la propuesta tal como está planteada reforzaría una figura similar a la que presenta el tradicional y perjudicial binomio latifundio-minifundio, relación que solo beneficia al grande y mantiene en la dependencia y la pobreza al más débil. En tales condiciones el campesino incluido en un proyecto de esta naturaleza no cumple con la condición de “sujeto de desarrollo”; al contrario, asume la condición de “objeto sobreexplotado” por las obvias desventajas de éstos y la voracidad de los grandes empresarios rurales.

El régimen se muestra solícito y considerado con los campesinos. Ofrece asistencia técnica a través de esas dos ineficientes instituciones del estado que por ahora no hacen absolutamente nada a favor del sector reformado ni por la pequeña producción.

Los conductores del régimen actual están apurados por resolver una crisis que ha puesto en precario su reconocimiento internacional pero, al mismo tiempo, no desaprovechan la crítica coyuntura para favorecer a los grandes empresarios, a quienes deben su posición política actual.

Para abundar en ofrecimientos no deja por fuera los servicios de educación y salud, en un país donde buena parte de la población no tiene acceso a ellos. De todos los hondureños es sabido que luego del golpe de estado militar del 28 de junio tales servicios presentan mayor precariedad en todo el país.

Si se ha criticado la sobreexplotación de los trabajadores y el control político del país por las transnacionales bananeras, qué podemos decir de estos empresarios del patio. Sobreexplotan a los trabajadores (nunca han permitido sindicados en sus empresas) e igualmente tienen el control del país pero sin cumplir con las responsabilidades sociales que las transnacionales tuvieron por décadas con la asignación de vivienda, agua y servicios de salud y educación. ¡Se avizora una prisión verde más dramática que aquélla que describió Ramón Amaya Amador para los trabajadores en las bananeras!

Si el Estado puede movilizar tal cantidad y variedad de recursos para la producción y asistencia social, por qué no pensar en un proyecto orientado en los objetivos constitucionales de la reforma agraria; por qué no pensar que sean los campesinos quienes escojan su actividad productiva y perfilen su futuro de pequeños productores bajo su conveniencia; por qué ponerles grilletes asidos a los intereses de los terratenientes antes de que accedan a la tierra que legalmente y en justicia les corresponde.

¿Qué no son capaces de lograrlo como pregona la campaña mediática a favor de los terratenientes? La respuesta está en las experiencias exitosas del mismo sector reformado, entre las que destaca Hondupalma [27], una de las más grandes empresas agrícolas y de transformación industrial de la palma africana en aceite, mantecas y margarinas que compite con éxito con Clover Brand y el mismo Miguel Facussé que ha hecho lo imposible por apoderarse de ella.

El pueblo hondureño debe hacer causa común con los campesinos que buscan un futuro mejor, apoyado en su trabajo, proyecto que a su vez contribuirá al desarrollo del país y al mantenimiento de la paz.

NOTAS

[1] Las citas 4,5 y 6 corresponden al documento "Elementos de una estrategia para la reactivación del sector agrícola” base teórica de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, elaborado por Roger Norton y avalado por CONPPA.

[2] Ver anexo 1 y 2

[3] Área rural con infraestructura económica y social dedicada a la actividad agropecuaria o con ese potencial.

[4] Rompimiento o ampliación de la frontera agrícola a costa de la utilización de territorios vírgenes

[5] Totalidad de asentamientos campesinos de reforma agraria sin distingos de formas de organización empresarial campesina desde la reforma agraria de 1962 a la fecha.

[6] Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

[7] Colonias agrícolas: Catacamas, OLA, Monjarás, Guaymitas, Leán y el mismo Aguán en la década de los 50.

[8] Roger Norton, por lo que muchos la conocen como Ley Norton.

[9] Para llevar a cabo la tarea, constituyeron "un comité nacional de productores quienes colaboraron con su extensa y variada experiencia. La participación en el Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (CONPPA) fue voluntaria, sin recompensa, motivada por el afán de hacer aportes a la reactivación del sector agrícola... [9] y participaron en su capacidad personal; no representaron instituciones del sector público ni del privado" decía el documento base de la LMDSA. El CONPPA estuvo integrado por Roberto Gallardo (Director), Mario Nufio Gamero (Secretario Ejecutivo), Joaquín Luna Mejía (Coordinador), Cornelio Corrales B, José Armando Erazo; Andrés Lardizábal; Porfirio Lobo Sosa, Róger Mondragón Carrasco, Orlando Lionel Sevilla y Rafael Weddle. Como asesores técnicos: Róger Norton, Enrique Alberto Castellón, Magdalena García Ugarte, Ramón Narváez y Roberto Villeda Toledo.

[10] Creyendo en que para aprovechar el “enorme potencial del sector agrícola, que brilla entre el matorral de males y dificultades, y para bien de todos los grupos en la sociedad es una tarea primordial quitar la traílla (cuerda o correa con que se lleva al perro atado a la cacería, G.R) a esa potencialidad”, sentenciaba Roger Norton.

[11] Si bien los términos minifundio y latifundio hacen referencia a grande y pequeño, para fines prácticos de reforma agraria se ahonda en su conceptualización. Latifundio es calificado como la explotación agropecuaria de grandes dimensiones e ineficiente en el uso de recursos: tierra, agua y mano de obra. Pero al final se concluye en que el latifundio es la cantidad de tierra (y agua) que puede dar ingresos satisfactorios a varias o muchas familias; y minifundio aquel lote de tierra que no es capaz de ofrecer ingresos satisfactorios para una familia.

[12] "Es una regla empírica que una finca de una hectárea, sembrada en granos básicos, es de tamaño suficiente para abastecer una familia con esos productos; entonces, una de dos hectáreas ya permite la participación en el mercado, sobre todo si se siembra parcialmente con hortalizas, café o frutas. Es decir, ya no representa una parcela de subsistencia".

[13] La ley de Reforma Agraria o Decreto 170 determinó “techos” para propósitos de incentivar el mejor uso de los recursos tierra y agua y, simultáneamente, para la afectación de tierras, que al excederlos convertían la propiedad en latifundio. La cuantificación en hectáreas estaba determinado por la calidad de suelos y la disponibilidad de infraestructura productiva y social. De tal manera que los techos en distritos de riego se estimaron en 100 hectáreas; en el Bajo Aguán en 300 hectáreas; de mil quinientas hectáreas en tierras con pendientes de 30% o más. El sobretecho es la cantidad de tierra que supera los techos y que es autorizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería que según la Ley de Reforma Agraria se concedería cuando esta secretaría considerara factible el proyecto presentado por el interesado siempre que la inversión no fuera menor de 1 millón de Lempiras a precios constantes de diciembre de1991

[14] Tal política se mantiene. En reciente comunicado de la Vía campesina, FIAN internacional y Land Research Action Network señalan que “El Banco Mundial parece convencido de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agro negocios transnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y debe permitírseles proseguir, de tal modo que el sector corporativo pueda extraer más riqueza del campo”.

Y los firmantes del comunicado añaden que el BM intenta “distraer el hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en día con la cifra record de más de mil millones de personas sufriendo hambre, no será resuelta por la agricultura industrial a gran escala que van a aplicar prácticamente todos los inversionistas que están adquiriendo tierra”.

[15] Mientras tanto se superaba el negativo impacto inicial, reconocido por los diseñadores del modelo, se constituirían los fondos de compensación social (Fondo Hondureño de Inversión Social y Programa de Asignación familiar)

[16] Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco. Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006.

[17] 1 US$ = 19,02 Lempiras (al cambio de marzo 2010)

[18] Ibidem

[19] Ibidem

[20] El acuerdo de constitución de la Plataforma de Derechos Humanos se tomó el 20 de julio de 2009. La constituyen: Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH);; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Food First Information and Action Network (FIAN Honduras)

[21] Esta propuesta fechada el 23 de marzo de 2010 está firmada por Samuel Reyes Rendón, Designado Presidencial; Jacobo Regalado W, Ministro de Agricultura y Ganadería; y, César Ham Peña, Ministro Director del INA.

[22] Promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Niega las ayudas asistenciales e impone condiciones como respeto al ambiente y a los trabajadores; equidad de género…

[23] Se constituye formalmente en 1975 y sus propietarios la venden a la Standard Fruit co. El 5 de mayo de 1990.

[24] Efraín Rivera Pavón y Porfirio Hernández luego del asalto perpetrado a la EACI por Gustavo Adolfo Álvarez Martínez.

[25] La Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), institución creada por el Estado a mediados de los 70 para ofrecer financiamiento a los empresarios bajo condiciones muy blandas. Se declaró en quiebra en 1980.

[26] Sustituye al bono tecnológico implementado en la gestión administrativa de Manuel Zelaya Rosales.

[27] Empresa de transformación industrial de palma africana cuyos accionistas son 31 cooperativas con más de 500 asociados dedicadas al cultivo de esa oleaginosa.

Fuente: http://radioeslodemenos.blogspot.com/2010/04/el-caso-muca-la-reforma-agraria-y-el.html